De las 11.418 víctimas de las minas antipersonal en Colombia, el 60 % pertenece a la fuerza pública y el 40 % restante son civiles, según un informe que será presentado este miércoles en la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

El estudio "La guerra escondida. Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia", publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Fundación Prolongar, abarca el periodo comprendido entre 1990 y marzo de 2017.

La investigadora del CNMH, María Elisa Pinto, dijo a Efe que el informe muestra que los niños están entre los más afectados por estos explosivos.

"De las víctimas de civiles hay cifras alarmantes como la de que los niños conforman el 30 % de los afectados", detalló Pinto.

La investigadora añade que este tipo de explosivos son utilizados por las FARC, guerrilla que está en proceso de desmovilización, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia la paz con el Gobierno colombiano en Ecuador.

Explicó que Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Arauca son los departamentos más afectados por este tipo de artefactos.

El desminado forma parte del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 24 de noviembre en Bogotá.

El Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda, aseguró al comienzo de este mes que la meta de Colombia "es despejar (de minas) en los próximos dos años 23 millones de metros cuadrados" que, calculó, corresponden al "47 % del total de la contaminación estimada en 52 millones de metros cuadrados".

Según el estudio del CNMH, el 85 % de los afectados son hombres, pero indirectamente la situación termina "por involucrar también a muchas mujeres porque madres, esposas, hijas y compañeras tienen que cambiar sus roles dentro de la familia porque se vuelven cuidadoras o tienen que convertirse en fuente de sustento para el núcleo familiar".

Pinto dijo que el informe lleva ese título justo porque "las minas antipersonal son una guerra escondida que queda en los territorios, incluso cuando le hemos dado una oportunidad a la paz".

La funcionaria destacó que el documento, que se elaboró con "perspectiva de memoria histórica", recoge por primera vez "las voces de los miembros de la fuerza pública que han sobrevivido a los atentados".

También valora que el estudio cambia la forma de referirse a lo que ocurre con las minas antipersonal (MAP) y remanentes explosivos de guerra (REG).

"No se les llama accidente por mina antipersonal, sino atentado por mina antipersonal. Sentimos que el accidente oculta la naturaleza del evento, oculta que hubo una acción encaminada a hacer daño", dice la investigadora.

Además, explica que lo que se trata es "interpelar a los responsables de esta violación al Derecho Internacional Humanitario, que son las guerrillas, que hay una responsabilidad en ellos y que es importante que se reconozca".

Igualmente advierte que los afectados por las minas antipersonal se les "llama sobrevivientes y no víctimas, porque muchos de ellos así se reconocen en los relatos" que hacen de su situación.

En opinión de la investigadora "el informe le da rostro a las cifras" porque en la mayoría de los casos no se avanza más allá de los fríos datos que a veces no dicen ni transmiten nada.

El informe concluye con una serie de proposiciones y recomendaciones al Gobierno colombiano, entre ellas que el 22 de abril será la conmemoración para dignificar la memoria de los sobrevivientes de las minas antipersonal en el país.

"Se seleccionó esa fecha porque ese día, el 22 de abril de 2010, fue la fecha en la que se registró el pico de victimización. Ese día hubo 85 víctimas" entre muertos y heridos, dijo Pinto.

Entre las recomendaciones de política pública, la investigadora señala que se deben trazar lineamientos para priorizar el desminado humanitario porque "encontramos que en 25 municipios de Colombia se concentra ese problema".

También da pautas para mejorar la ruta de atención a los afectados, sobre todo porque el 98 % de los casos ocurren en zonas alejadas de los grandes centros urbanos en donde no hay hospitales lo suficientemente dotados o simplemente no los hay.

EFE